Normativa contra los desahucios.

El Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 27/2012 de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, con la intención de aliviar la situación de las personas que se encuentran inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria. Vamos a analizar el Decreto, a saber qué ciudadanos pueden acogerse, qué requisitos deben cumplir, qué documentaciones deben aportar y a aclarar un poco cómo se debe actuar si se quiere acoger a esta normativa.
Según el R.D.L. éstas garantizan "que ningún ciudadano sea conducido a una situación de exclusión social".

¿Qué se pretende con este R.D.L?

La suspensión inmediata y durante 2 años de los desahucios de las familias que se encuentran en una situación de especial riesgo de exclusión social.

La medida afectará a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria, donde el deudor acredite el cumplimiento de determinados requisitos familiares y económicos. Esta norma no altera el proceso pero sí impide el desalojo de la familia durante 2 años, en los cuáles no se debe hacer frente a ningún gasto.

Aunque durante el proceso no se paralizarán los intereses por demora y la deuda irá aumentando.

¿Qué requisitos deberá cumplir el deudor?

La persona o personas que deseen acogerse a esta medida de protección deberán cumplir 2 tipos de requisitos, uno familiar y el otro económico.

Los colectivos que podrán acogerse serán:

  • Familias numerosas determinadas según la normativa vigente (La protección de la familia numerosa)
  • Familias monoparentales con 2 hijos (La familia monoparental)
  • Familias con un menor de 3 años.
  • Las que tienen un miembro con grado de discapacidad superior al 33% (Situación de Discapacidad y Certificado.), o dependiente o con enfermedad acreditada que le incapacite permanentemente para trabajar (La Incapacidad Permanente Absoluta)
  • Encontrarse en situación de víctima de violencia de género.
  • Unides familiares donde convivan en la misma vivienda una o más personas que sean familiares del titular de la hipoteca o de su cónyuge, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

Los requisitos económicos que deben cumplirse serán:

  • No disponer de ingresos superiores a 3 veces el IPREM.
  • Las circunstancias económicas de la unidad familiar deben haber cambiado significativamente en los últimos 4 años. Es decir, que a la familia le cueste mucho más poder pagar la hipoteca desde hace 4 años, pero ¿cuánto más? pues según el R.D.L. la carga hipotecaria sobre la renta familiar debe haberse multiplicado por 1,5 en este tiempo.
  • La cuota de la hipoteca debe ser mayor al 50% de los ingresos netos que recibe el conjunto de miembros de la unidad familiar. Es decir, que si entre todos cobran 1500€ al mes, la hipoteca debe ser de al menos 750€.
  • También podrá tratarse de un préstamo o crédito garantizado con la hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y que el crédito se haya concedido para la adquisición de la misma (sería el caso de las vivienda de protección oficial).

¿Qué se entiende por unidad familiar?

La formada por el deudor y su cónyuge, no separado, o pareja de hecho inscrita, más los hijos (de cualquier edad), también por los menores tutelados, en guarda o acogimiento familiar.

¿Cómo acreditar que se cumplen los requisitos para acceder a la protección de esta norma?

La persona interesada en solicitar esta protección podrá presentar su documentación en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria antes de que se produzca el desalojo de la vivienda. Debe presentarlo ante el juez o el notario encargado del procedimiento. La documentación que debe presentar acreditará que cumple todos los requisitos necesarios y es la siguiente:

  • Para justificar que se cumple el requisito de ingresos en la unidad familiar:
  1. Certificado de rentas, y en su caso, certificado de la presentación del impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en relación a los últimos 4 años. (Ves al enlace para saber cómo solicitarlo).
  2. Las 3 últimas nóminas.
  3. Certificado donde figure qué cobra por prestaciones o subsidios por desempleo. (Ves al enlace para encontrar Oficinas de la Seguridad Social)
  4. Certificado que acredite los salarios sociales concedidos por las CCAA o por enidades locales.
  5. Para trabajadores autónomos hay que aportar el certificado expedido por la Agencia Tributaria. Si cobra prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el organismo gestor donde figure la cuantía (Desempleo para autónomos).
  • Para acreditar el número de personas que habitan la vivienda:
  1. Libro de familia o documento que acredite la institución de la pareja de hecho.
  2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la misma vivienda, con referencia a los últimos 6 meses.
  • Para acreditar la titularidad de los bienes:
  1. Certificado de titularidad expedido por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.
  2. Escrituras de compra-venta de la vivienda y de constitución de la garantia hipotecaria y otros documentos justificativos, o el resto de garantias reales o personales constituidas, si las hubiese.
  • Declaración responsable del deudor relativo al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación del R.D.L.

¿Qué es el fondo de viviendas?

El Gobierno va a promover junto con los bancos, la creación de un fondo social de viviendas, en propiedad de los bancos, destinados a proteger a aquellas personas que han sido desalojadas de sus viviendas, siempre que cumplan con los requisitos que se establece en el R.D.L. Estas viviendas de "alquiler social" tendrán rentas que las familias puedan pagar según su nivel de ingresos.

¿A quiénes protege el R.D.L?

Esta norma protegerá a las personas que se encuentran inmersas en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria, que se hubiesen iniciado a la entrada en vigor de este R.D.L y en los que no se haya llevado a cabo el desalojo.
 
La Asociación de Jueces por la Democracia apunta que el decreto dejará fuera de protección a las familias que cumplen con todos los requisitos pero, que en la subasta de la vivienda (se subasta mientras la familia reside en ella aun) sea otorgada a un tercero diferente del banco, es decir, un particular o una inmobiliaria. En esta circunstancia la familia podrá ser desahuciada a pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados.
 


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